No hay peor condena para una empresa que verse involucrada en una crisis reputacional con impacto en la opinión pública. De acuerdo con la reaseguradora AON y su Global Risk Management Survey, el riesgo número uno, dentro de los diez más importantes para las empresas, identificados por los directivos de las grandes compañías del mundo a los que han encuestado, es el daño a la reputación/marca de sus compañías.

El Global Survey on Reputation Risk de Deloitte refleja que el 87% de los ejecutivos afirman que los riesgos de reputación son más importantes que cualquier otro al que se enfrenten. El 41% de los mismos reconocen que las organizaciones que dirigen, una vez han sufrido una lesión en su prestigio, han registrado pérdidas del valor de su marca y de sus ingresos.

Esta percepción del riesgo existe también en la calle. La preocupación por la corrupción sigue en máximo históricos y roza el 50%, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En junio de 2017, el 49,1% de los españoles cita la corrupción y el fraude como el principal problema del país, lo que supone que siga siendo el segundo gran problema de los españoles por detrás del paro. 

Y en un mundo hiperconectado, con millones de usuarios de redes sociales, con capacidad de informarse y de emitir opiniones, una crisis de la imagen de cualquier empresa, grande o pequeña, puede acabar con cualquier negocio. Quizá los escándalos más sonados a nivel nacional e internacional son más visibles. Los casos de Enron http://www.lavanguardia.com/economia/20161202/412319658496/enron-quiebra-escandalo.html , que se llevó por delante a Arthur Andersen, el más reciente de las emisiones de Volkswagen…

El Clúster de Transparencia, Buen Gobierno e Integridad de Forética ha estimado las pérdidas que han tenido las compañías protagonistas de los grandes escándalos de corrupción en el mundo de los últimos tres años con unos datos impresionantes.

Estas situaciones pueden empezar por múltiples aspectos (accidentes, acciones u omisiones de los trabajadores, delitos…) y hay muchas maneras de mitigarlas una vez han sucedido. Sin embargo, sólo se pueden impedir con un modelo de prevención de delitos y una sólida cultura ética corporativa. Aunque implantar un plan de cumplimiento penal (corporate compliance) se trata de un esquema de trabajo de máximos, sí que hay medidas iniciales que puede tomar una pyme. La primera debería ser la implantación de un canal de denuncias en el que cualquier usuario, empleado o persona interesada puede denunciar posibles delitos o conductas irregulares observadas dentro de la organización con la seguridad de que sus denuncias serán totalmente confidenciales y se tramitarán e investigarán por una organización externa independiente.

Canal Responsable es un servicio personalizado de implantación y gestión de un canal de denuncias para empresas y organizaciones, que puede ayudarle a prevenir estas situaciones.